Artículo Académico

«La aprobación de la Ley 19/2014, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno debe iniciar un cambio profundo en la forma como los ciudadanos obtienen información de los poderes públicos, administraciones, entidades con funciones públicas, empresas y fundaciones públicas, así como con partidos políticos, y empresas con financiación pública.

La entrada en vigor escalonada exige una labor de preparación de los archivos y registros, de formación de los servidores públicos, de puesta en marcha de servicios de información, portales de transparencia y de promoción del derecho a acceder a la información pública.

La Ley de Transparencia española tiene graves carencias y contradicciones, con dificultades para encajar en el marco normativo internacional, así lo ha señalado la mayoría de la doctrina española. Pese a ello, es una oportunidad para que los ciudadanos conozcan que información se encuentra al otro lado de la ventanilla oficial. El resultado final dependerá de cómo se ponga en funcionamiento.»

Resumen del artículo publicado en REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 33. MAYO 2014.

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Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva
Miembro de la Comisión de Control Acreditra
Profesor de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
Abogado. Periodista
Miembro de la Coalición Pro-Acceso
Equipo de Investigación Open Data Citizen