A continuación se puede ver la entrevista realizada a Manuel Villoria, miembro de la Comisión de Control Acreditra, por el portal diariojuridico.com en la que aborda temas como la corrupción o la transparencia.

“El Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria (Madrid, 1957), es uno de los expertos más reputados de España sobre corrupción. Es fundador y miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional en España, la única organización no gubernamental a escala mundial dedicada a combatir la corrupción, y su currículum está cargado de destacados libros y estudios sobre este asunto. En una entrevista a Diario Jurídico, Villoria muestra su preocupación tras dispararse, en el último año, los índices de percepción de corrupción en España. Cree que la crisis económica y el efecto eco de los escándalos políticos y económicos que han llenado los medios de comunicación tienen mucho que ver en la negativa opinión que expertos internacionales y los propios ciudadanos españoles tienen en estos momentos del país. Afirma que hay que poner medidas y actuar pronto porque “si no reaccionamos, el país entrará en la tercermundialización”.

¿Es España un país corrupto?

Para empezar en todo el mundo hay corrupción. Es cierto que hay países donde hay más y países donde hay menos. La corrupción es un delito en muchísimos aspectos, que se hace desde la opacidad con lo cual medir su alcance es complicadísimo. Hay distintos métodos para calcular el nivel de corrupción de un país y uno de ellos es ver cuál es la percepción de los expertos. Esto es lo que hace Transparencia Internacional con lo que llama CPI (Indice de Percepción de Corrupción). Esta formado por distintas encuestas de distintos organismos internacionales, que se mezclan, se trabajan conjuntamente y se elabora un indicador compuesto. En ese índice, integrado por 176 países, España ha tenido en el pasado una puntuación de 7,1/7,2 dentro de un baremo de 10 a cero (10 es cero corrupción). Hemos estado durante años entre los 20 o 30 países que tienen menos corrupción. Pero ahora, en el último año, nos han pegado un buen palo. Hemos pasado al número 40. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en España, según los expertos, hay más corrupción de la que creíamos y eso puede tener efecto sobre las inversiones a largo plazo en nuestro país y sobre la imagen de España, porque este índice se usa mundialmente.

¿Y cuál es su percepción particular?

Mi percepción es que el índice de este último año está, de alguna forma, influido por lo que llamamos el efecto eco. Es decir, los medios de comunicación aireando los casos de corrupción y el hecho de que tenemos toda la cúpula del Estado con problemas (la Casa Real, el PP, sindicatos, patronal, muchas comunidades autónomas con el presidente que o está imputado o ha dimitido…) han creado una imagen de que este país es un desastre, lo que ha afectado también a la percepción de los expertos. El hecho es que nos han pegado un buen palo y la pregunta es: ¿No estaríamos todos engañados y realmente este país es como ya está saliendo ahora y no como creíamos antes?

¿Cuál es la respuesta?

Esa es la gran cuestión. Otra forma de medir la corrupción son las encuestas de victimización, es lo que se llama barómetro global de corrupción que también realiza Transparencia Internacional. El Eurobarómetro las ha incluido y son muy importantes. Se pregunta a la gente: ¿Usted conoce a alguien que cobre sobornos? ¿Usted o alguien de su familia han tenido que pagar sobornos en los últimos 12 meses para obtener servicios públicos? En esas encuestas, los datos obtenidos son muy diferentes a los obtenidos en el índice CPI. En España, no se cobran sobornos por parte de los servidores públicos normalmente, es muy raro. En el caso de la policía, el último Eurobarómetro de la corrupción daba prácticamente el 0%; en el servicio de salud, el 0%; y en la educación también ronda el 0%. Sin embargo, en la obtención de permisos de obras la cosa cambia. Ahí pasamos de un 0% a un 5% de gente que reconoce que ha pagado sobornos. Y, claro, esa es una cifra muy alta considerando la enorme cantidad de personas que no tiene relaciones con la construcción, que no pide licencias de obras, normalmente, y que no tiene nada para recalificar.

Pero en conjunto, las encuestas de victimización indican que España está en términos de sobornos como Holanda o incluso como Dinamarca. Estamos bien en ese aspecto.

Sin embargo, la tercera forma para medir la corrupción es a través de la percepción de los ciudadanos. Y ahí, los resultados son patéticos. Los españoles creen que tenemos los datos de un país africano altamente corrupto. En el último barómetro salió que España, junto con Grecia, son los países donde mayor percepción de corrupción hay por parte de los ciudadanos. La gente cree que España es un país con corrupción sistémica, como estaría Paraguay o algo así. Tenemos más percepción de corrupción que tiene Albania o Hungría. Claramente sabemos que esos dos países tienen más corrupción que España pero la percepción es otra y, claro, el problema es que la gente actúa en función de lo que percibe. Esto es muy peligroso porque si se generaliza la idea de que aquí todo el mundo roba la gente se preguntará: ¿y por qué yo no?

¿No hay forma de saber si esa negativa percepción se ajusta a la realidad?

Están los datos objetivos pero el problema es que no tenemos datos. Llevo ya seis meses luchando para conseguir datos y nada. Si pudiera tener una base de datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la cual viera las diligencias previas vinculadas a delitos contra la Administración, las causas abiertas, los escritos de acusación y las sentencias tendría unos datos objetivos que me permitirían ver más o menos. Pero no es así. Actualmente es imposible saberlo. He mirado por arriba, por abajo y nada. Ahora estoy intentando trabajar este tema con el CGPJ y me han dicho que sí, que me van a ayudar.

Hice un análisis de las diligencias previas y me daba que sólo se convertían en causa el 10% o 12% del total. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como diligencias previas puede meterse de todo. En resumen, que con estos datos no podemos trabajar. Pero, por otra parte, tampoco nos indicarían la corrupción real sino la calidad del sistema jurídico. Es decir, un país puede tener una corrupción brutal y no haber acusaciones.

Tendremos que construir una base de datos que nos permita ver bien la realidad. Aunque, por ahora, los disponibles nos indican que en España se persigue muy poco comparativamente.

¿Se persigue menos en España que en otros sitios? ¿Quién persigue en otros países?

En Italia tienen una Fiscalía independiente muy potente. No es como en España que la fiscalía es dependiente del Ministerio de Justicia sino que allí tienen un organismo independiente del poder judicial. En otros países cuentan con agencias anticorrupción. En general, el tema clave es que en España tenemos la mitad de casos judiciales. Tenemos cuatro veces menos que en Italia, lo que es muy raro, ya que la población del vecino mediterráneo está lejos de ser el doble que en nuestro país y el número de funcionarios es de 1,5 por cada uno de España. En Francia, los datos indican que allí persiguen más; en Estados Unidos, lo mismo. Es decir, que hay un problema y es, probablemente, que no tenemos suficientes fiscales y que no tenemos información desde la administración pública.

¿Le preocupa la alta percepción de corrupción en España?

Sí, mucho. España es, junto con Grecia, el país de la Unión Europea donde los ciudadanos creen que hay más corrupción tanto en el Gobierno Central como a nivel regional y local. España es el país en donde más ha empeorado la percepción de corrupción en los últimos años; en el que hay más gente que piensa que esta lacra no está adecuadamente combatida; y donde se cree que hay más corrupción en los partidos políticos y en los políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que los españoles ahí están midiendo más cosas que la pura corrupción. Esto es un termómetro de cómo está el país con respecto al sistema político. Es cierto que los periódicos, la televisión y todos los medios de comunicación tienen que ver en esta negativa percepción de los ciudadanos pero lo que está influyendo muchísimo es la situación económica. Cuando estábamos creciendo y todo iba bien es cuando más corrupción había. Se me puede decir: ¿Y usted cómo demuestra eso? Sencillo, me he puesto a analizar las causas abiertas más importantes y todas empiezan en esos momentos, cuando es el boom de la construcción e inmobiliario. También hay estudios que nos dicen que a partir de ahí han bajado las causas abiertas de corrupción. En definitiva, cuando más corrupción había era cuando los ciudadanos percibían menos este mal. A partir del momento en el que más del 50% de los españoles cree que la situación económica es mala o muy mala empieza a percibirse la corrupción como una lacra y los políticos comienzan a ser también un problema -ahora mismo, la corrupción es vista como el segundo problema más importante del país y los políticos, el cuarto-.

La punta, el momento en el que hay la mayor percepción de corrupción y ésta preocupa más a los españoles, es cuando el desempleo llega al 27%. Está claro que se están midiendo muchas más cosas ahí. ¿Qué más se está midiendo? Un país que no funciona, un país en el cual hay una mezcla de dinero y política perversa, en el que las redes clientelares y de amigos están por todas partes y donde quien no tiene amigos no consigue nada.

¿Pero realmente somos peor que, por ejemplo, por Italia?

No, no somos peor que Italia. Hay muchos datos distintos. Ellos tienen la mafia que controla zonas del país. Pero la administración, el sector sanitario y educativo italianos no cobra sobornos. No hay diferencias en eso con España. Sin embargo, la clase política italiana es supercorrupta y luego tienen una redes clientelares muy similares a las nuestras. Somos muy parecidos pero allí están peor en el tema de corrupción, aunque vamos por ese camino.

En un reciente informe publicado por la Unión Europea, en el que usted ha participado, se afirma que en España los casos de corrupción están concentrados en la contratación pública, en el desarrollo urbanístico y en la financiación de partidos. Parece que el problema está muy localizado.

Sí. Ahora mismo el urbanismo está bajando y, aún así, en 2012 se abrieron casi mil causas de prevaricación urbanística. Cuando empiece de nuevo a tirar la contratación de obras subirán las casusas abiertas. Es un problema gordo en este país. Sabemos que cualquier persona que contrate con la administración pública está expuesta a sobornos. En las grandes obras hay una corrupción clarísima. Eso lo sabe todo el mundo. Prescripciones técnicas diseñadas por el contratista, condiciones administrativas prediseñadas…

Respecto a la financiación de los partidos, la influencia del dinero en la política está siendo muy alta. ¿Cómo consigo yo hacer negocios? Puedo sobornar pero si tengo mucho dinero, entonces, no soborno sino que financio al partido y consigo que haga la ley que yo quiero. Lo puedo hacer casi legalmente. Aquí en España, nadie puede dar más de 100.000 euros para el funcionamiento ordinario pero, por ejemplo, en un gran lobby, 40 miembros pueden poner cada uno 100.000 euros y hacer una suma total de cuatro millones de euros.

¿Hay predisposición en el Gobierno para solucionar este problema?

Cuando tu analizas ves que se están lanzando muchas medidas pero cuando empiezas a rascar te das cuenta de que estas medidas tienen trampa y vías de escape. La Ley de Transparencia dice muchas cosas positivas pero, claro, quién va a garantizar que eso se cumpla. Una agencia que está precontrolada, que no va a ser independiente porque es la administración central la que nombra a su director y en su comisión hay varios diputados… A veces, pienso que es todo un poco lampendusiano: que todo cambie pero que no cambie nada. Luego hay un problema muy gordo y es que parece que todo se va a resolver por la vía penal. ¿Pero y la vía preventiva?

¿En definitiva, es usted optimista o pesimista?

Ahora mismo soy pesimista en cuanto que se han hecho muchísimos esfuerzos y no hemos conseguido cambiar grandes cosas. Pero espero que, poco a poco, se pongan de acuerdo los que se tienen que poner y empecemos a funcionar porque sino… El problema es que para que esto funcione necesitamos reformas institucionales, que sólo pueden hacer el Gobierno y los partidos. Claro, si estos no están interesados… La única solución es que los ciudadanos impulsemos pero la gente con esta desmoralización que tiene pues dice: “yo no voy a jugar a eso. Voy a aprovecharme también”. Corremos un gran peligro. A este paso si no reaccionamos, el país entrará en la tercermundialización. Es decir que vamos camino al subdesarrollo.

¿La transparencia es fundamental para conseguir un país menos corrupto?

Está muy bien estudiado como la transparencia reduce la corrupción y hay datos muy claros en términos estadísticos de que la correlación entre elevada transparencia y baja corrupción es altísima. En términos de renta per cápita, los países más ricos son los más transparentes. En suma que nos encontramos con que la transparencia es un factor clave para la calidad del Gobierno y la calidad de la democracia.

No tenemos una definición en la Ley de qué es la transparencia pero, en general, la interpretamos como un flujo incremental de información política, económica, social y técnica que se entrega a los actores relevantes en la política pública para que puedan juzgar la eficacia, eficiencia y calidad de esa política pública.

La transparencia puede ser clara y opaca. Si el Gobierno se dedica a poner información inconexa, aislada, estadísticas innecesarias o volúmenes de datos inmensos puede colapsar toda la capacidad de análisis y no nos servirá para nada. La transparencia clara implica datos necesarios, reutilizables, integrados, agregados y compatibles. Si conseguimos que los datos sean de esta naturaleza seguro que conseguimos beneficios.

Políticamente es evidente que sin transparencia es muy difícil juzgar a un gobierno. Nuestro voto pierde calidad si no hay verdadera transparencia. Yo no se a qué voto si usted no me dice en qué se ha gastado el dinero, si se han conseguido los objetivos, cuáles son las alternativas reales existentes. En consecuencia, la transparencia es fundamental para la vida política.

¿La nueva Ley de transparencia será suficiente para cambiar las cosas y mejorar la percepción de elevada corrupción en España?

La ley es fundamental. Pero es una parte de toda una política de transparencia y para que haya una política de transparencia se necesitan muchas más cosas. En primer lugar, necesitamos un buen sistema de archivo de almacenamiento de datos. Ahora mismo hay gobiernos que no lo tienen y esa es una de las razones por las que, probablemente, el Ejecutivo ha retrasado dos años la aplicación de la ley para los gobiernos locales. Muchos no tienen la información. Puedes pedírsela pero te encontrarás que está en un cuarto lleno de ratas y perdido en el ayuntamiento.

En segundo lugar, sin una buena simplificación normativa muchas veces tampoco podemos dar los datos que realmente queremos. En ocasiones hay tres o cuatro normas en conflicto. Otro elemento importantísimo es la interoperatividad entre los sistemas. Pero aquí tenemos 17 comunidades autónomas, 8.100 municipios, las diputaciones y el Estado. Vamos a ver si el Portal Digital de Transparencia consigue que le den información de forma constante todos los ministerios. Eso va a ser complicadísimo.

Es fundamental, además, la agilidad en la provisión de información y tratamiento de la misma. Pero ¿cuánta gente tenemos ahora mismo en las administraciones públicas con capacidad para dedicarse a esto? ¿Hay presupuesto para hacer los cambios que contempla la Ley de Transparencia?

Por otro lado, creo que la Ley se ha quedado corta en el tema de sanciones. Por ejemplo, la sanción por incumplimiento de la publicidad activa no es una norma básica. Por lo tanto, las comunidades autónomas podrán decidir que no hay sanción si quieren.

Y no hay que olvidarse de que el cambio cultural y la formación son fundamentales. Si no hay cambio cultural va a ser difícil que la ley se implante porque buscaremos métodos para no cumplirla. De hecho, la ley se publicó en diciembre y, por ahora, hay muchísimos sitios donde ni siquiera han abierto un expediente para saber cómo se aplica esta nueva normativa. Se va dejando como tantas otras cosas.”

Fuente: diariojuridico.com